Entiendo que se sabe que ha realizado algún acto delictivo. En caso de no ser así, ni siquiera sería procedente el enjuiciamiento. Y si se considera que lo que ha hecho es inmoral o, cuando menos, antiético, lo que habría que comenzar pidiendo sería una modificación de la legislación para que no pueda escapar de su comportamiento abusivo, como supongo que ha sido. Lo cual, por otra parte, es la esencia del capitalismo mismo, así que resulta complicado solicitar algo así sin modificar el sistema. Una modificación de la legislación es algo a exigir a los representantes (al menos de momento) que ocupan el Congreso.
Supongamos ahora que sí, que sí hubiese cometido un acto delictivo. En caso de ser así, lo primero que hay que hacer es solicitar una detención, que no la realiza el mismo «poder» que el enjuiciamiento sino el poder ejecutivo. Una detención la llevan a cabo las fuerzas del orden y seguridad del Estado en un estado de derecho, es decir, la poli.
Por último, supongamos que el poder ejecutivo tuviese lo que hay que tener para solicitar el procesamiento judicial de este ser, presuntamente humano y presuntamente culpable. Aun así, ¿no cabría esperar el resultado del juicio, es decir, confiar en el poder judicial, para declararle culpable? Y, después, ¿no habría que intentar que este señor se rehabilitase para el sistema como un ser ético, reeducado, por decirlo así, capaz de aportar algo positivo a la sociedad en la que se enmarca, en lugar de solicitar un castigo vengativo y revanchista, casi propio de una horda de justicieros rámbicos?
Sinceramente, me parece algo estúpido y carente de racionalidad el no darse cuenta del avance que, en su día, supuso la separación de poderes y, en lugar de reivindicar que esta separación perdure (cosa que, por otro lado no sucede), solicitar la unión de todos ellos en manos de unos presuntos sabios que son capaces de ejercer de legisladores, policías, jueces y, ni más ni menos, también verdugos.
¡Ay, si Montesquieu levantase la cabeza!