Hay, según el periódico El País, una ley anti-batasuna. Claro, ahora sí se comprende que no se pueda aplicar a otros contextos geográficos. Siempre me había preguntado porqué el PP que no condena la violencia (véase guerras no autorizadas por organismos internacionales legitimadores, dictaduras con exterminios, etc) ni el PSOE ni otros que no condenan otras violencias no tenían ningún tipo de exigencia previa como declararse en contra del uso de la violencia para nada.
Claro, ahora se explica, en realidad, más que un fallo de un periodista poco afortunado, lo que revela es la verdad oculta (no tanto) bajo el nombre de Ley de Partidos. Legislar que un partido político tenga en sus metodologías la apología de la violencia me parece tan innecesario en una sociedad responsable que nunca entendí que se necesitase una ley así. Pero es comprensible si se trata de excluir del espectro político de una región concreta a unos partidos que no representan el deseo de interlocución de quien tiene el poder para legislar.
Es decir, desde la legislación se imponen leyes que regulan quien puede acceder a los organismos que eventualmente puedan modificar la legislación, de modo que la legislación queda asegurada por encima de todo. La ley no se puede cambiar. Pero esto no debería ser así en un estado democrático de derecho.
Resumiendo: La ley de partidos es un invento para impedir la representación del voto nacionalista de izquierdas en Euskadi. Nuestra sociedad sigue necesitando que un partido político sea autorizado o no autorizado porque puede ocurrir que la gente estuviera dispuesta a votar (como hace, de hecho) a formaciones que no condenan la violencia.
España es una, grande y libre.
Pero ni una, ni grande, ni libre.