El 4 de enero de 1649, los Comunes aprobaron una ordenanza para establecer un Tribunal Superior de Justicia para juzgar a Carlos I por alta traición en nombre del pueblo de Inglaterra. Los lores la rechazaron y como no recibió el Consentimiento real, Carlos solicitó se le explicara al comienzo de su juicio el 20 de enero en Westminster Hall «¿En función de que autoridad es que yo he sido traído aquí? ¿En función de que autoridad, quiero decir de que autoridad con peso legal?«, para lo cual no existía una respuesta legal de peso según los estatutos constitucionales de esa época.
Por lo menos, no se amparó en un vergonzoso: yo no sabía lo que hacía.
Afortunadamente, a Carlos I le cayó el peso de la ley en la garganta.
Pero era en la Inglaterra de los 3 Reinos, allá en el lejano siglo XVII. En el siglo XXI los reyes han aprendido a quitarse de en medio los problemas que podían llevarles a terminar así. Pero no sus privilegios. A esa astucia se le llama Monarquía Constitucional.